APROVADO EL NUEVO CÓDIGO PENAL QUE INCLUYE EL ACOSO LABORAL.

Se aprovó el 22 de diciembre de 2010.

ANTECEDENTES HISTÒRICOS

Acoso moral en el trabajo y Derecho Penal.

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Es importante decir que en la actualidad no hay una legislación penal que recoja un tipo específico para el acoso moral en el trabajo a diferencia de otros países europeos. Aunque se ha conseguido que el acoso moral en el trabajo o mobbing sea considerado como riesgo psicosocial.

A pesar de ello, los jueces pueden actuar ante el acoso moral por via penal del tipo del artículo 173 de nuestro vigente Código Penal, puesto en relación al artículo 177 del mismo Texto Legal.

Artículo 173.

1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica.

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza.

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores.

Artículo 174.

1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años.

2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado anterior.

Artículo 175.

La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es. Se impondrá, en todo caso, al autor, además de las penas señaladas, la de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a cuatro años.

Artículo 176.

Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos precedentes a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos previstos en ellos.

Artículo 177.

Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos o faltas cometidos, excepto cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la Ley.

 

Es decir, el tenor literal del artículo 173 del Código Penal en relación al tipo especial del artículo 177 recoge los requisitos que los especialistas establecen para considerar que concurre lo que ahora se conoce como mobbing o acoso moral en el trabajo y que son la existencia de un trato degradante y la existencia de un daño.

Interpretación integradora de la Fiscalía General del Estado.
Dentro la Doctrina antes expuesta podemos incluir a la Fiscalía General del Estado.

En su Circular 1/1998, referida a la interpretación y aplicación del artículo 173 a los casos de violencia psíquica refiere entre otras cosas que:

"...En casos, pues, de violencia psíquica habrán de valorar los Sres. Fiscales el posible encaje de la conducta en alguna de tales infracciones penales."

Y no sólo eso, sino que orienta al Cuerpo de Fiscales en el sentido que se persigan tanto "aquellas conductas aisladas que por su naturaleza tienen entidad suficiente para producir un menoscabo grave de la integridad moral de la víctima, cuanto de aquellas otras que, si bien aisladamente consideradas no rebasarían el umbral exigido por este delito, sin embargo en tanto reiteradas o sistemáticas, realizadas habitualmente y consideradas en su conjunto, terminan produciendo dicho menoscabo grave...".

Por otro lado, la Instrucción 1/2001 de 29 de mayo de la Fiscalía sobre siniestralidad laboral, en el que debe entenderse incluida la siniestralidad laboral por acoso moral en el ámbito de las relaciones laborales refiere que:

"Si la misión del Ministerio Fiscal consiste en promover la acción de la justicia y uno de sus ámbitos de actuación radica en procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social, sin duda la siniestralidad laboral es un fenómeno que atañe muy de cerca al Ministerio Público..."

La misma circular destaca dos fenómenos o principios, uno jurídico y otro sociológico, muy importantes a la hora de valorar la entidad y la gravedad del problema y la necesidad de una respuesta jurídica global que no se deba ceñir o limitar exclusivamente a los cauces que puede utilizar la víctima en la jurisdicción laboral; habida cuenta que los cauces de aquél orden jurisdiccional en muchas ocasiones no permiten una adecuada sanción a una conducta que rebasa los límites de lo estrictamente laboral y que las indemnizaciones que en él se determinan tampoco lo hacen. Tales principios son expuestos de la siguiente manera:

"En esta tarea la jurisdicción penal debe respetar el principio de intervención mínima...
Pero la escasa frecuencia con que los delitos contra los trabajadores son aplicados y el hecho de que las faltas en esta materia resulten perseguibles tan solo a instancia del perjudicado hacen que la intervención penal aparezca como infrautilizada provocando problemas de impunidad que se hace necesario evitar"

Estas circulares de la Fiscalía, dirigidas por tanto a los miembros de la carrera fiscal, no pueden ser desoídas por quienes encarnan el Poder Judicial esto es, por los jueces y magistrados, especialmente los que ejercen sus funciones en el ámbito penal, quienes, respetando el principio de intervención mínima, no pueden soslayar una candente y perturbadora realidad social por el mero hecho de que hasta ahora pocas son las víctimas que se han atrevido a acudir a la vía penal puesto que ello puede llevar a desincentivar la denuncia de ese tipo de conductas y a que muchas de ellas, por el mero hecho de darse dentro del marco de una relación laboral, queden impunes.

Lo contrario sería obligarnos a seguir manteniendo el sentir de LEYMANN al respecto cuando, en breves palabras, manifiesta que el mundo laboral es "el último campo de batalla en el que una persona puede matar a otra sin ningún riesgo de llegar a ser procesada ante un tribunal".

Por sorprendente que pueda parecer, el Código Penal Militar como ejemplo.
Abundando en lo expuesto cabe decir que, en este caso, incluso la legislación penal militar española es más avanzada en relación a la materia que nos ocupa.

Con toda seguridad este hecho no se debe a que la Institución Armada se haya distinguido normalmente en ningún país por su especial "progresismo y sensibilidad social" sino simplemente a que las relaciones entre mandos y subordinados en este ámbito han sido históricamente especialmente duras y dadas a ciertos abusos, por la propia naturaleza de lo que supone pertenecer a una institución en la que imperan los principios de obediencia y disciplina.

Por lo tanto entiendo que, entre otras, una de las principales causas de esta situación debe buscarse en que, con la llegada del estado derecho, y por razones obvias, existía una especial sensibilización en relación a todo lo relacionado con el ejército como institución que reclamaba una urgente adecuación a las reglas de un estado social y democrático de derecho; la cual cosa pasaba entre otras cosas por reprimir los abusos de poder que se producían en su propio seno tipificándolos con carácter penal.

Así, el Código Penal Militar de 1985 castiga en maltrato psicológico y el abuso de poder en los siguientes términos:

"Artículo 103

El superior que, abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave al inferior, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho será castigado con la pena de tres meses y un día a cuatro años de prisión.

Artículo 104

El superior que tratare a un inferior de manera degradante o inhumana será castigado con la pena de tres meses y un día a cinco años de prisión."

Ello, ha supuesto que la Jurisprudencia penal militar, siguiendo también las fuentes internacionales de la ONU y el Consejo de Europa haya sancionado conductas de maltrato psicológico de forma absolutamente ejemplar y brillante.

Ejemplo de ello: Sentencia de la Sala 5ª del Tribunal Supremo de fecha 14 de septiembre de 1992, número 28/1992, Ponente: Francisco Javier Sánchez del Río:

"...Por eso, aún admitiendo que el Teniente autor de las acciones que hemos calificado de degradantes, intentase con ellas la corrección...de la conducta de su subordinado...es lo cierto que conoció y quiso producir las acciones que se realizaron, es decir, tratar a su subordinado con una dureza y un desprecio, que no cabe calificar sino de degradante por vejatorio de un ser humano...este delito no exige el específico ánimo de degradar o de humillar...La Ley penal no podría limitarse a defenderla frente a supuestos de superiores cuya aberrante personalidad les llevase a un íntimo disfrute del trato humillante en sí mismo...sino que hace referencia a todo supuesto en que, incluso por razones que pudieran considerarse pedagógicas o profesionales, un superior atenta contra aquella dignidad...".

Conclusiones.
1ª Nuestro Código Penal, pese a no recoger en la actualidad un tipo o unos tipos especiales referidos al acoso moral en el ámbito laboral ofrece la posibilidad de castigar esas conductas a través de tipos que castigan conductas en las que aquél puede encontrar un encaje suficiente.

2ª Que, no obstante lo anterior, cabría destacar lo siguiente:

La necesidad de concienciación de la sociedad y, especialmente, de todos los poderes públicos, de que el acoso moral en el trabajo es una conducta que no encuentra un castigo adecuado con la mera aplicación de las indemnizaciones que pueden imponerse vía jurisdicción social.

El acoso moral en el trabajo reviste una gravedad tal que merece prevenirse, reprimirse y perseguirse incluso con el derecho penal, a la vez que debe considerarse como un riesgo laboral.

El principio de intervención mínima del derecho penal no debe esgrimirse por el mero hecho que una conducta se haya producido dentro del ámbito de las relaciones laborales puesto que, cuando aquél se produce, las relaciones laborales han sido violadas y rebasadas gravemente, no ofreciendo el derecho laboral la posibilidad de imponer el castigo que merecen aquellas violaciones. Entiendo que lo contrario, reducido al absurdo, nos llevaría también a concluir por ejemplo que, en el supuesto de una estafa consumada a través de un contrato de compraventa civil, la única vía que tiene la víctima para reclamar por dicha estafa es la de los tribunales civiles por cuanto el incumplimiento deriva de una relación contractual regulada por los preceptos del Código Civil.

Hasta tanto el Código Penal no tipifique y castigue especialmente estas conductas, cabrá acudir a los artículos referidos a las torturas y trato degradante, a las coacciones, a las amenazas,... en función de las características de cada concreto supuesto de hecho.

Fuente: http://noticias.juridicas.com/areas/55-Derecho%20Penal/10-Art%EDculos/200304-65511131032901.html

Miguel Morales. Abogado.

Los últimos avances...

(http://www.ces.gva.es/pdf/trabajos/articulos/revista_33/art2-rev33.pdf)

El mobbing o acoso psicológico en el trabajo carece, pues, de regulación específica en el sistema jurídico de nuestro país, ya que la Ley 62/2003 viene a poner de relieve sólo determinados supuestos de acoso en el trabajo, aquellos que se vinculen a determinadas circunstancias -raciales o étnicas, discapacidad, sexo, orientación sexual o análogas-, quedan expresa o específicamente incluidos en este nuevo concepto jurídico, pero no todos los comportamientos que, social y jurídicamente, son reconducibles al concepto de acoso psicológico en el trabajo o mobbing en sentido estricto. Sin embargo, su regulación genérica habrá que deducirla y ha de estar incardinada dentro del sistema general de prevención de riesgos laborales, ya que de un riesgo laboral se trata, sin que se pueda excluir en absoluto que estemos ante un problema con otras connotaciones jurídicas. La problemática de su detección, evaluación y posterior erradicación
requieren de un enfoque jurídico-social multidisciplinar.
Existe una opinión generalizada en la doctrina científica, política y social de que la naturaleza de las situaciones de mobbing es de riesgo laboral, y es considerado como un riesgo psicosocial, al que, como al igual que otros riesgos, es posible aplicar políticas y mecanismos preventivos de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales Así y como afirma Manuel Velázquez, Inspector de Trabajo y Seguridad Social, el acoso psicológico es como cualquier otro riesgo y no precisa de su materialización (accidente o
enfermedad) para que entre en juego la normativa de prevención, sino que basta con la exposición potencial al riesgo.
En este sentido, es preciso resaltar que la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, señala en el artículo 2º que la Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Por su parte en su artículo 14 se recoge:
- Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
- El empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
El punto de partida de las actividades preventivas ha de ser la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales conforme a lo dispuesto en el art. 2.1 del Reglamento de Servicios de Prevención (RD. 39/1997 de 17 de enero).
Por todo ello, y resumiendo, el mobbing en el puesto de trabajo debe abordarse de forma multidimensional, y por tanto, multidisciplinar, aplicando diferentes medidas para el diagnóstico, y con un enfoque eminentemente preventivo. De cara a la intervención, algunos elementos que deben considerarse son los siguientes: definición y comunicación de una políticas sobre violencia en la organización, evaluación de riesgos de origen psicosocial, como base de la intervención, rediseño y control de los procedimientos de trabajo, formación del personal en la detección de riesgos psicosociales, fomento del compromiso hacia objetivos en los que se rechaza la violencia; selección de los trabajadores tomando en cuenta sus habilidades sociales para desenvolverse en la diversidad, trabajar en equipo, y resolver conflictos, establecer sistemas de comunicación eficaces, formación en resolución de conflictos en el seno de la empresa; y poner en marcha programas de asistencia a los empleados con el fin de proporcionar
asesoramiento y apoyo a las víctimas.

ACTUALIDAD: APROBADA LA REFORMA LABORAL. DICIEMBRE 2010.

info: http://www.boe.es/boe/dias/2010/06/23/

El nuevo Código Penal que entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado la reforma aprobada este miércoles en el Senado castigará más a terroristas, pederastas y corruptos y contará como nuevos delitos el de piratería, el acoso laboral e inmobiliario y el tráfico de órganos humanos.

El Proyecto de Ley aprobado en la Cámara Alta modifica definitivamente el Código Penal de 1995, que hasta hasta había sido reformado ya en 26 ocasiones. Dado que los senadores no han introducido ninguna modificación al texto procedente del Congreso de los Diputados, la reforma no necesitará pasar de nuevo por la Cámara Baja y será enviada ya desde el Senado al BOE.

Entre las novedades del nuevo Código Penal se encuentra la introducción de la libertad vigilada, una medida de seguridad destinada a terroristas y delincuentes sexuales, principalmente pederastas, que se impondrá en sentencia junto a la pena de cárcel por un tiempo máximo de cinco años, aunque se podrá extender hasta los diez años.

El condenado podrá ser obligado a estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos y a seguir tratamiento médico o participar en programas formativos, laborales o de educación sexual, También se le podrá prohibir aproximarse a la víctima o sus familiares, residir en determinados territorios o acudir a determinados lugares o establecimientos y desempeñar determinadas actividades que puedan facilitarle la ocasión de cometer nuevos delitos.

IMPRESCRIPTIBILIDAD DELITOS DE TERRORISMO

Además, en el caso del terrorismo, se establece la imprescriptibilidad de los delitos de esta naturaleza cuando han causado la muerte de una persona. Igualmente, los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad de menores de trece años, delitos de terrorismo o del crimen organizado que tengan penas de cárcel superiores a cinco años deberán cumplir al menos la mitad de la condena antes de poder acceder al tercer grado penitenciario.

Por otra parte, el nuevo Código otorga un mayor protagonismo a la localización permanente y, en concreto, la dispone como pena principal para los delincuentes autores de pequeños robos reincidentes. La medida, introducida a propuesta de CiU, se cumplirá los fines de semana y días festivos en centros penitenciarios.

Mientras tanto, la reforma suprime la pena de cárcel para los vendedores de copias ilegales de productos audiovisuales a pequeña escala y establece que sólo se les podrá castigar con multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

En el campo de la corrupción, la normativa prevé por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Además, en los casos de funcionarios y responsables públicos que cometan delitos de corrupción, se elimina la alternativa entre la pena de prisión o multa, de manera que siempre haya condena de cárcel. En este apartado, se castigará también a las autoridades o funcionarios que informen favorablemente de proyectos u omitan inspecciones contraviniendo las normas.

Asimismo, en los delitos sobre la ordenación del territorio, se amplía el ámbito de las conductas típicas a las obras ilegales o clandestinas de urbanización, más allá de la mera construcción o edificación. En cualquier caso, se estipula que los delitos urbanísticos podrán ser castigados con hasta cuatro años de cárcel.

En este ámbito, se tipifica por primera vez penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte, de manera que se castigarán los sobornos llevados a cabo por miembros y colaboradores de entidades deportivas, deportistas, árbitros y jueces encaminados a alterar el resultado de una prueba, encuentro o competición profesional.

También se incorpora la figura de la estafa de inversiones, incriminando a los administradores de sociedades que falseen información para lograr captar inversores u obtener créditos y castigando la difusión de noticias o rumores sobre empresas donde se ofrezcan datos falsos para alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero.

Entre los nuevos delitos que se incorporan al nuevo Código Penal está el tráfico ilícito de órganos humanos y el trasplante de los mismos, que también contempla la sanción penal al receptor del órgano que, conociendo su origen ilícito, consienta la realización de la intervención.

ACOSO LABORAL, INMOBILIARIO Y 'CHILD GROOMING'

Igualmente, se incrimina por primera vez de manera diferenciada el acoso laboral --entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco del cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que lo sufre-- y el acoso inmobiliario, para defender a las víctimas de ataques dirigidos a obligarles a abandonar su viviendas para obtener, en la mayoría de los casos, objetivos especuladores.

Otro de los nuevos delitos es el de piratería, que castigará al que se apodere, dañe o destruya una aeronave, buque o embarcación o atente contra las personas, cargamento o bienes que en él se encuentren y que podrá estar sancionado con entre diez y quince años de prisión.

En el campo de los delitos sexuales, junto al aumento del nivel de protección de las víctimas, especialmente de las más vulnerables, se introduce la regulación del denominado 'child grooming', es decir, la utilización de internet con fines sexuales contra menores, castigando de manera más dura al delincuente que consigue el acercamiento con el menor mediante coacción, intimidación o engaño.

También se introduce la posibilidad de privar de la patria potestad a los padres para proteger a los menores y se endurecen las penas por abusos, que podrán llegar hasta los 15 años de cárcel.

Además, se ha aprovechado esta reforma para introducir una tutela civil específica de los derechos de víctimas cuando el autor condenado utiliza el delito para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico o cuando se divulgan datos falsos sobre hechos delictivos.

Por otra parte, en relación con la seguridad vial, se castiga con penas de entre tres y seis meses de cárcel, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad al que conduzca por encima de 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 en vía interurbana o bajo los efectos de alcohol o drogas, permitiendo que el juez elija entre las tres penas.

 

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